Sebastián Piñera promulgó la Ley 21.325, sobre Migración y Extranjería el 11 de abril del 2021. No han pasado ni 3 años y ya la clase política ha introducido varias modificaciones que afectan a los extranjeros en Chile, sea que estén de forma regular o no.
La xenofobia alentada por el discurso nacionalista y de mano dura de algunos sectores han hecho retroceder a este gobierno en materia de derechos humanos.
Cambios para mal
Todas las modificaciones cercenan derechos y apuntan a la represión.Los cambios más importantes tienden a la represión y a estigmatizar a los inmigrantes. Por ejemplo se suprimió el tiempo acotado de una hora, para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI, a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.
Se suprimió la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación. También se ha ampliado el control preventivo e identidad: dotándose a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) de nuevas herramientas. La idea es «cazar» a la mayor cantidad de inmigrantes. Ahora la Policía basándose solo en el color de la piel y otras características propias de los nacionales de países como Bolivia, Perú y Colombia, puede pedir la cédula de identidad y si estos no poseen el documento, pueden ser arrestados y conducidos a la estación más cercana.
Otro de los cambios que se van a implementar tienen que ver con los requisitos para obtener la residencia definitiva y la nacionalidad. Se exigirá a los solicitantes rendir un examen y tener un mínimo de 7 años residiendo en Chile de forma regular. Incluso aquellos casos de extranjeros que tengan vínculo con chileno también se verán afectados porque en vez de bastar 2 años ahora serían 3 años con las modificaciones introducidas.
Para optar por la residencia definitiva se necesitarán obligatoriamente haber contado con 2 visas temporarias.
También se prevén mayores trabas para el proceso de reunificación familiar. Y paradójicamente ha sido el gobierno de Gabriel Boric (izquierda) quien implementa los cambios a la Ley 21.325.
Otros cambios a la Ley 21.325
La derecha chilena viene impulsando otros cambios a la Ley 21.325. El proyecto ya se debate en la Cámara de Diputados y fue presentado por las Diputadas Yovana Ahumada, Karen Medina y los Diputados Roberto Arroyo, Enrique Lee, Rubén Darío Oyarzo, Víctor Alejandro Pino, Francisco Pulgar y Gaspar Rivas, con la clara intención de «favorecer los intereses de los nacionales frente a los extranjeros».
Los cambios restringirían el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal: tendrían derecho solo los residentes que hayan permanecido en Chile, en tal calidad, por un período mínimo de 24 meses.
Por otra parte la condición de irregular constituirá en los términos del artículo 12 del Código Penal, agravante penal para aquel migrante que cometa los delitos de violación, robo con violencia, homicidio calificado o tráfico de estupefacientes.
Se evalúa también restringir el derecho a la educación ya que se limitaría el acceso a la gratuidad a los hijos de los migrantes en Chile. Otro retroceso tiene que ver con el derecho a la defensa, ya que algunos cavernícolas del Congreso presentaron un proyecto de ley que priva de asesoría legal gratuita a los extranjeros que tengan orden de expulsión.
Desde este blog he venido denunciando las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la comunidad migrante: cacerías y detenciones masivas. Pareciese que en Chile el Estado ya no está al servicio de la persona humana, como reza el artículo 1 de la Carta Fundamental.