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Expulsiones

Más expulsiones y se intensifican los controles a empresas

Durante esta mañana salió desde nuestro país un vuelo charter con 65 personas. Dichas expulsiones se concretaron por haberse infringido la normativa migratoria en Chile.

El vuelo cumple con el criterio del Gobierno y del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), que es priorizar la expulsión del país de las personas extranjeras que han cometido delitos y que tienen antecedentes penales.

De las personas expulsadas en este vuelo, 55 cometieron delitos como asociación ilícita y el resto por haber entrado por paso no habilitado. 

Cabe destacar que durante el 2024, se ha expulsado a un total de 411 personas a distintos países, 208 de ellas corresponden a expulsiones administrativas y 203 judiciales.

El Prefecto Inspector Christian Sáez, jefe de Migraciones y Policía Internacional de la PDI informó que “hoy se ha concretado la materialización de 55 expulsiones judiciales y 10 expulsiones administrativas. Respecto a las expulsiones judiciales se refiere a personas de nacionalidad venezolana que fueron condenados por diversos delitos como robo con intimidación, asociación ilícita, porte ilegal de arma de fuego, secuestro, entre otros delitos”. De esta manera, “la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, Cancillería, el consulado de Venezuela y Gendarmería de Chile, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los tribunales», concluyó el Prefecto Inspector de PDI.

¿Las expulsiones resuelven el problema?

En varios aspectos, resulta contradictorio o disonante con la realidad el que la persecución penal del ingreso al país, por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio, sea considerada una estrategia seria para frenar la delincuencia o la crisis de seguridad que, hoy por hoy, afecta gravemente a determinados núcleos urbanos o comunas de nuestro país.

En el pasado, la criminalización del ingreso irregular al territorio nacional no aseguró una efectiva persecución penal, y en los hechos constituía una figura delictiva escasamente aplicada. La priorización del combate a hechos criminales de mayor gravedad y las dificultades probatorias para la obtención de sentencias condenatorias, concentró los esfuerzos de la autoridad administrativa y el ente persecutor en la investigación de delitos que atentaran contra bienes jurídicos más valiosos que el respeto al orden jurídico migratorio.

Se intensifican las redadas y controles a Empresas

A la par que se agilizan las expulsiones administrativas la PDI en conjunto con Carabineros y el Servicio Nacional de Migraciones, han intensificado los controles a las Empresas que de manera ilegal realizan contratos a migrantes que se encuentran en condición irregular.

Al respecto durante los meses de junio, julio y agosto se fiscalizarán a un porcentaje importante de empresas, especialmente en Antofagasta y la Región Metropolitana.

El objetivo sería ejecutar la política actual de migraciones y sancionar a los empresarios que incumplen. Se calcula que podrían estar trabajando, sin la documentación exigida, un aproximado de 110.000 migrantes.

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