Prisión preventiva para extranjeros indocumentados

El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva para todos los indocumentados en Chile. La xenofobia manda en cada rincón. Más de una vez he escuchado como nacionales gritan a un extranjero «vete a tu país»; como si el «país» perteneciera a alguien en particular. El Ministerio Público parece haber olvidado que la prisión preventiva es excepcionalísima conforme a lo que señala la ley y los estándares internacionales de Derechos Humanos. Desde este blog he venido denunciando la cacería de brujas contra los migrantes. Y es que durante todo el mes de abril hemos visto como el populismo punitivo ha penetrado en la sociedad y muchos corean como si estuviesen en un coliseo romano, deseosos de una justicia o venganza que jamás llegará a través de las expulsiones masivas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos de la justicia penal que enfrentan los países de América Latina.  El uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva socava los principios de presunción de inocencia, legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Instrumentos internacionales – prisión preventiva

Es necesario tener presente los siguientes instrumentos internacionales, dada la importancia que revisten para el caso del control de convencionalidad que debe hacer un juez al momento de resolver alguna solicitud de prisión preventiva. 1- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado por Chile el 10 de febrero de 1972; 2- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), ratificado por Chile el 10 de febrero de 1972; 3-  Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006), ratificada por Chile el 8 de diciembre de 2009; 4- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); Convención Americana de Derechos Humanos (1969), ratificada por Chile el 8 de octubre de 1990; En este mismo sentido, existen otros instrumentos que reconocen a las personas migrantes y refugiadas derechos específicos como son: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) – ratificada por Chile en 2005 y, respecto de las personas refugiadas, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados (1951)16, y su protocolo en 1972 y la Ley de Refugio.

Igualdad y no discriminación

La Corte IDH al referirse a la “condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados” y a la “obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, independientemente de cuáles de esos derechos estén reconocidos por cada Estado en normas de carácter interno o internacional”, considera evidente que todos los Estados deben cumplir con esas obligaciones sin discriminación alguna, lo cual se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a una protección igualitaria ante la ley, que a su vez se desprende “directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona”. El principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Siendo así las cosas debe garantizarse el derecho a la información de la persona en su máxima expresión, que conozca las razones de su detención – por motivos administrativos o por la comisión de un delito – según sea el caso; verificando que comprenda, debiendo otorgársele un facilitador cultural o un traductor. Y por último debe comprobarse si se ha informado a la persona migrante de su derecho a informar sin demora a la oficina consular competente sobre su arresto, detención o puesta en prisión preventiva. La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país. Si se encuentra usted ahora mismo en la frontera, o ha sido detenido por la PDI o carabineros de Chile, le recomiendo guardar silencio hasta contar con una asesoría legal adecuada.