«Empadronamiento biométrico» viola derechos de extranjeros irregulares

El «empadronamiento biométrico», anunciado por el Presidente Gabriel Boric y que busca conocer la identidad de quiénes hayan ingresado a Chile de forma irregular, ya comenzó. Han sido instalados 76 puestos de identificación biométricas en Chile en dependencias de la PDI. Muchos lectores me han escrito preguntándome si es conveniente o no registrarse en la base de datos. Después de haber estudiado la legislación nacional y comparada y de un repaso a los últimos acontecimientos puedo asegurar que esto no es beneficioso para los extranjeros irregulares. Esta «medida» forma parte de la cacería de brujas ya iniciada y que desembocó en la crisis en la frontera norte. Acá no se habla de una amnistía o regularización masiva que podría sacar de las sombras a muchos que han entrado a Chile de manera irregular.

En qué consiste el «Empadronamiento Biométrico»

Gracias al empadronamiento biométrico el gobierno tendrá la huella, el rostro y nombre de cada migrante irregular. El proceso se realiza en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a quienes le corresponde controlar el ingreso y la salida de las personas del territorio nacional. Posteriormente ya se tendrá una base de datos actualizada que permitirá una expulsión del país de manera expedita.

¿Por qué el empadronamiento biométrico viola derechos de los extranjeros irregulares?

La obligatoriedad de proporcionar los datos biométricos ante un requerimiento policial es incompatible con el derecho de todo ser humano, máxime si se recaba esos datos de una minoría o de sectores vulnerables. El tratamiento de los datos sensibles sólo debe permitirse cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a las salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del interesado. Los interesados y los órganos jurisdiccionales competentes deben poder determinar con precisión, en particular, las condiciones en las que puede tener lugar ese tratamiento y los objetivos que puede satisfacer legalmente. Es obligación del gobierno chileno brindar una mayor protección con respecto a los tratamientos de datos sensibles, entre los que figuran los datos biométricos y genéticos, puesto que pueden generar riesgos importantes para las libertades y los derechos fundamentales. No puede desplegarse un proceso de empadronamiento biométrico para supuestamente «conocer quiénes están en Chile», como si se tratase de criminales a los que se debe localizar a toda costa. Estamos frente a un drama que debe ser solucionado bajo el prisma de los derechos humanos.