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🗓️ Publicado el 04/06/2026
Hace algunos meses publiqué un artículo sobre el Fiscal Paulo Ramírez Palomino, su trayectoria dentro del Ministerio Público y las denuncias contra jueces por él archivadas.
Desafortunadamente el Fiscal se tomó un artículo de opinión como algo personal y hasta llegó a querellarse pues consideró que su honor había sido afectado.
En modo alguno creo que el control ciudadano sea lesivo al honor de un funcionario público que gana su sueldo gracias a los impuestos del ciudadano de a pie. Se ve cuando menos, poco elegante, que alguien que ostenta un cargo público opte por el ataque judicial o las demandas para acallar voces críticas de su gestión.
El poder, las denuncias y la libertad de expresión en jaque
Nunca he temido enfrentarme al Poder, así lo hice en Cuba, desafiando a una dictadura que lleva 67 años. Allí fui abogado, periodista independiente y activista pro derechos humanos. Pero debo confesar para vergüenza propia que ni siquiera en Cuba vi a un Fiscal, Juez u otro funcionario público querellarse o usar su autoridad para que saliera de circulación un artículo que cuestionaba su labor. Ni siquiera en Cuba se ven cosas como las que están ocurriendo en Chile y ojalá esto no sea el inicio de un retroceso en materia de libertad de expresión ni tengamos que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hostigamiento a la prensa libre.
En Chile se habla mucho de corrupción judicial, de fallos arbitrarios, de abusos de poder y de ciudadanos que sienten que no encuentran respuesta. Sin embargo, pocas veces se mira hacia una institución clave en ese circuito: el Ministerio Público.
El Fiscal Paulo Ramírez Palomino
Cuando una persona denuncia a un juez, a un ministro de Corte, a un funcionario judicial o a cualquier autoridad con poder, surge la primera gran pregunta: ¿esa denuncia será investigada seriamente o terminará archivada sin una persecución penal efectiva?
Y es en ese contexto que el nombre del fiscal Paulo Ramírez Palomino merece atención pública.
No se trata de atribuir responsabilidades penales sin sentencia. Se trata de algo distinto y legítimo: examinar críticamente el desempeño de un persecutor penal que ha conocido denuncias sensibles contra integrantes del sistema judicial y preguntarse si las decisiones de archivo están siendo suficientemente justificadas y controladas.
Y cuando escribí la primera vez sobre Paulo Ramírez Palomino, no lo hice porque se tratara de un funcionario gris, aferrado a un escritorio viviendo del erario público. Simplemente me llamaron la atención las cifras que la propia Fiscalía me entregó a través del Portal de Transparencia.
Paulo Ramírez Palomino se desempeña en el Ministerio Público desde el 1 de octubre de 2004. También registra estudios de posgrado, entre ellos un diplomado en Reforma Procesal Penal impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Es decir, no estamos frente a un funcionario sin experiencia. Precisamente por eso, el estándar exigible debe ser mayor.
Un fiscal con más de dos décadas de trayectoria no puede limitarse a administrar expedientes. Debe dirigir investigaciones penales con objetividad, diligencia y especial rigor, sobre todo cuando las denuncias involucran a personas que forman parte del sistema de justicia.
El problema: las cifras y la percepción de impunidad
Uno de los antecedentes más preocupantes dice relación con sus resultados recientes. Según la información recopilada, entre los años 2023 y 2025 el fiscal Paulo Ramírez Palomino habría obtenido 13 condenas en un universo aproximado de 9.789 casos.
La cifra, medida de manera puramente aritmética, equivale aproximadamente a un 0,13% de condenas respecto del total de causas consideradas.
Evidentemente, el desempeño de un fiscal no puede medirse solo por el número de condenas. Existen archivos provisionales, salidas alternativas, decisiones de no perseverar, sobreseimientos y otros mecanismos propios del sistema procesal penal. Pero tampoco puede ignorarse que una brecha tan grande entre ingresos y condenas exige una explicación institucional seria.
La pregunta que me sigo haciendo es si estamos ante un uso razonable de las facultades del Ministerio Público o ante un patrón de baja efectividad persecutoria en causas de alta relevancia jurídica. Y esta pregunta no es un insulto. Es control ciudadano.
El archivo no puede transformarse en regla automática
El archivo de una causa puede ser legal. Nadie discute eso. Lo cuestionable es que el archivo se convierta, en la práctica, en una respuesta casi automática frente a denuncias complejas, especialmente cuando involucran a personas con poder institucional.
Un fiscal no está obligado a condenar. Pero sí está obligado a investigar con objetividad y diligencia. También está obligado a explicar sus decisiones de manera comprensible, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuántas denuncias contra jueces han llegado a determinadas fiscalías, cuántas fueron archivadas, cuántas generaron diligencias reales, cuántas terminaron en formalización y cuántas llegaron a condena.
Una pregunta necesaria
El fiscal Paulo Ramírez Palomino tiene derecho a su honra, a su presunción de corrección funcionaria y a que no se le atribuyan delitos sin prueba. Pero la ciudadanía también tiene derecho a examinar su desempeño, especialmente cuando se trata de causas donde están involucrados jueces o autoridades judiciales.
La pregunta de fondo no es si un fiscal debe obtener condenas en todos los casos. Eso sería absurdo.
La pregunta es otra: ¿Está el Ministerio Público investigando con la misma fuerza a los poderosos que a los ciudadanos comunes?
