12 empleadores denunciados por tener empleados trabajando sin residencia vigente o permiso de trabajo

Esta semana, en el marco de la Ley de Migraciones de Chile y la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, se llevó a cabo un operativo de fiscalización de extranjeros en Antofagasta, Iquique y Santiago. Como consecuencia 12 empleadores serán denunciados por tener empleados trabajando sin residencia vigente o permiso de trabajo.

Detectives de la PDI  junto a unidades de la Prefectura se desplegaron en este operativo que tuvo como objetivo detectar a extranjeros en situación migratoria irregular, aquellos que hayan vulnerado disposiciones legales del Estado de Chile, personas con encargos judiciales vigentes tanto a nivel nacional como internacional (Interpol), y aquellos vinculados a delitos contemplados en la Ley 20.000.

Durante la jornada realizada en el Mercado Central, los oficiales fiscalizaron a 155 personas, de las cuales 90 serán denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por diversas faltas a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.

Un problema para los empleadores

Otro de los casos, fue el de un ciudadano boliviano con permanencia definitiva, quien registraba una orden vigente por el delito de conducción debida, emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

En este caso el perjuicio recae también en los empleadores por vulnerar la actual ley de migraciones, uno de ellos se encuentra detenido por haber dado empleo a dos extranjeros de nacionalidad boliviana y venezolana que habían entrado por paso no habilitado a inicios del 2024.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se basa en lo establecido en el Art. 505 bis del Código del Trabajo para clasificar y asignar sanciones a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que contraten extranjeros con residencia irregular, tal como se detalla: -Las microempresas serán sancionadas con multa de 1 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Las pequeñas empresas serán sancionadas con multa de 10 a 40 UTM. Las medianas empresas serán sancionadas con multa de 30 a 100 UTM. Las grandes empresas serán sancionadas con multa de 60 a 200 UTM.
Pero un nuevo proyecto, que se discute en el Congreso, pide pena de cárcel para los empleadores que incurran en este eventual delito.