Chile suele presentarse como un país de instituciones fuertes, procedimientos rigurosos y funcionarios celosos custodios de la legalidad. Hasta que uno descubre que, presuntamente, algunos trámites migratorios podían avanzar no por orden de llegada, sino por el antiquísimo y eficiente sistema de poner dinero sobre la mesa.
El Consejo de Defensa del Estado se querelló por cohecho contra dos exfuncionarios del Servicio Nacional de Migraciones, Marcela Paredes Jara y Javier Navarro Martínez. La investigación sostiene que se habrían intervenido unas 250 solicitudes de residencia definitiva, alterando el orden normal de tramitación. En uno de los casos se calcula un beneficio económico cercano a 17,5 millones de pesos.
Según los antecedentes publicados, se habrían cobrado hasta $140.000 por trámite, utilizando incluso un intermediario. Mientras miles de extranjeros esperaban durante meses —o más de un año— una respuesta del Estado, aparentemente existía una puerta VIP: la de los que pagaban.
Y esto no apareció de la nada. Ya en junio la contralora Dorothy Pérez había revelado una denuncia sobre una funcionaria de Migraciones que supuestamente agilizaría documentos migratorios a cambio de pagos. Contraloría no pudo acreditar aquella denuncia, por lo que remitió los antecedentes al Ministerio Público, pero sí detectó graves deficiencias en los sistemas informáticos del organismo: falta de segregación de funciones, perfiles y roles suficientemente definidos, creando precisamente el terreno para que irregularidades semejantes pudieran materializarse.
Los responsables y la justicia de dos caras
Ahora Migraciones informa que uno de los involucrados fue removido en marzo de 2023 y otro destituido en junio de 2024, agregando que fueron propios funcionarios quienes denunciaron los hechos. Muy bien. ¿Y ahora qué?
Quiero que se haga público el informe completo. Quiero saber qué ocurrió con cada responsable, qué sanción administrativa recibió y hasta dónde llegó la red. Si son ciudadanos chilenos, me pregunto irónicamente: ¿los desterrarán? ¿Les quitarán la nacionalidad por hechos tan graves? ¿Cuántos tienen arraigo nacional? ¿Cuántos están en prisión preventiva?
Probablemente ninguno. Y allí comienza la parte incómoda.
Porque cuando se trata del pobre, del inmigrante o del ciudadano sin conexiones, el Estado suele descubrir repentinamente todo el arsenal de medidas cautelares. Pero cuando el escándalo nace dentro de sus propias oficinas, parece imponerse una exquisita prudencia institucional.
En Chile pareciera existir una justicia con dos caras: una que mira con desdén al pobre y otra mucho más amable con las élites, los buenos apellidos y quienes tienen dinero suficiente para defenderse.
Este caso debe investigarse hasta el final. La corrupción no puede seguir tratándose como una anomalía pintoresca: ha alcanzado repetidamente a instituciones públicas chilenas y destruye la credibilidad del Estado desde dentro.
Y hago una promesa a mis lectores: publicaré un informe completo sobre lo ocurrido en lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos conocidos dentro del Servicio Nacional de Migraciones.