Entre 2023 y 2025, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) transfirió $309.614.088 a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJ). El dinero estaba vinculado a la atención y al acceso a la justicia de personas con discapacidad. Sin embargo, la respuesta entregada por la institución mediante el Oficio N.º 257/2026 deja una pregunta fundamental sin resolver: ¿en qué beneficios concretos se tradujeron esos recursos?
La CAJ informó aportes de $99.387.500 en 2023, $102.867.000 en 2024 y $107.359.588 en 2025. También consignó gastos totales por $410.320.091 durante el mismo período. Es decir, declaró gastos superiores en $100.706.003 a los fondos recibidos de SENADIS. Esa diferencia podría explicarse por cofinanciamiento institucional u otros aportes legítimos, pero el oficio no identifica su origen ni aclara el criterio utilizado para imputar los gastos al convenio.
El dato más llamativo está en las remuneraciones. De los gastos informados, $385.026.499 —aproximadamente el 93,8 %— corresponden a sueldos, aportes y asignaciones. No obstante, la respuesta no señala cuántos profesionales fueron financiados, qué cargos desempeñaron, qué porcentaje de sus jornadas dedicaron al programa ni cuántas asesorías, representaciones judiciales o atenciones realizaron. Si casi todo el gasto se destinó a personal, conocer sus funciones y resultados no es un detalle: es la pieza central de una rendición transparente.
Los restantes desembolsos tampoco permiten reconstruir el destino material del dinero. Se registran $19.135.461 en bienes y servicios de consumo, $5.355.192 en finiquitos y $802.939 en mobiliario y licencias informáticas. Pero no se explica si esas compras financiaron tecnologías de apoyo, sistemas accesibles, intérpretes, capacitaciones o simples gastos generales de funcionamiento.
Lo que reconoció la CAJ es espantoso
Consultada sobre cuánto del presupuesto se dedicó a las personas con discapacidad, la CAJ respondió que todo estaba destinado “directa e indirectamente” al objetivo del convenio. Esa afirmación describe una finalidad, pero no demuestra su cumplimiento. Faltan indicadores básicos: número de beneficiarios, oficinas participantes, causas patrocinadas, metas anuales, tiempos de respuesta, distribución territorial y resultados obtenidos.
La debilidad también alcanza a la atención institucional. La Corporación reconoció que no existe un protocolo exclusivo para personas con discapacidad psiquiátrica. Afirmó que hay directrices distribuidas en instructivos, protocolos generales y comunicaciones internas, pero no individualizó ni acompañó esos documentos. Tampoco identificó mejoras concretas implementadas entre 2023 y 2025.
Nada de lo anterior prueba que los fondos hayan sido desviados o mal utilizados. Lo que sí demuestra es que la respuesta resulta insuficiente para seguir el recorrido del dinero desde la transferencia pública hasta una prestación verificable. Cuando se administran cientos de millones de pesos destinados a garantizar derechos, no basta con exhibir categorías contables: hay que mostrar a quiénes se atendió, qué barreras se eliminaron y qué resultados se alcanzaron.
La CAJ debe transparentar los convenios, rendiciones, fuentes de cofinanciamiento, cargos financiados, estadísticas de atención, medidas de accesibilidad y protocolos aplicables. La inclusión no puede quedar reducida a una frase institucional. Debe poder medirse, comprobarse y fiscalizarse.