Las últimas decisiones del Servicio Nacional de Migraciones dejan una señal incómoda: para quienes llegan a Chile, la política pública parece desplazarse cada vez más desde la integración hacia la fiscalización y la burocracia. Dos noticias recientes lo muestran con bastante claridad.
Primero, SERMIG revocó la Circular N.º 10 de 2024, que flexibilizaba ciertos documentos exigidos a ciudadanos venezolanos. Esa circular permitía, bajo determinadas condiciones, usar documentos vencidos, obtener plazos adicionales y prescindir de algunas legalizaciones. La Resolución Exenta N.º 15.106, de 19 de agosto de 2026, elimina esas facilidades invocando la anunciada reanudación de relaciones consulares entre Chile y Venezuela. El problema es obvio: que se normalicen relaciones diplomáticas no significa que todos los venezolanos puedan conseguir mañana pasaportes, certificados y legalizaciones. Para los migrantes en Chile, la burocracia parece haber llegado antes que la solución.
La comparación internacional no favorece demasiado a Chile. Canadá mantiene reglas que permiten a venezolanos, para determinadas solicitudes migratorias, tratar su pasaporte como válido hasta cinco años después de la fecha de vencimiento impresa. Eso no significa fronteras abiertas ni ausencia de controles: significa reconocer una dificultad documental excepcional sin convertirla automáticamente en castigo administrativo.
Otra mala noticia
La segunda noticia viene envuelta en un papel más amable. SERMIG lanzó un certificado digital gratuito de “Habilitación Laboral”, con código QR, para verificar si una persona extranjera está autorizada para trabajar. La autoridad informó que detectó más de 232.000 personas que cotizaron y trabajaron sin los permisos respectivos durante los últimos cuatro años y más de 40.000 empleadores que contrataron extranjeros no habilitados. Para los migrantes en Chile, el mensaje vuelve a ser el mismo: primero demostrar que se está en regla y después volver a demostrarlo con un certificado.
Conviene ser precisos: el certificado no crea por sí solo un nuevo permiso de trabajo; es una herramienta de verificación. Pero políticamente la fotografía es reveladora. Una semana se estrena un nuevo mecanismo de control laboral y, pocos días después, se elimina una flexibilidad documental para venezolanos. Para los migrantes en Chile, la suma de pequeñas barreras termina pesando mucho más que cada medida examinada por separado.
Chile tiene pleno derecho a controlar su frontera y exigir regularidad migratoria. La pregunta es si controlar debe significar necesariamente complicar. Canadá demuestra que se puede fiscalizar y, al mismo tiempo, reconocer situaciones documentales extraordinarias. Chile, en cambio, parece descubrir una satisfacción burocrática especial en pedir otro papel.
Si esta tendencia continúa, las malas noticias para los migrantes en Chile dejarán de ser excepcionales. Serán simplemente la forma habitual de relacionarse con el Estado.