Las cifras difundidas por el Gobierno parecen hechas para un titular triunfal: entre enero y el 18 de octubre se registraron 11.010 salidas voluntarias de extranjeros que ingresaron irregularmente, un aumento del 351,4% respecto del mismo periodo de 2025. También se informaron 1.898 expulsiones materializadas y una disminución del 85,8% en los ingresos irregulares detectados en Chacalluta, Colchane y Ollagüe.
Son números contundentes, pero una estadística no explica por sí sola la realidad: únicamente cuenta una parte de ella.
En Curicó, la PDI fiscalizó a doce ciudadanos extranjeros. Un venezolano fue denunciado por infringir la normativa migratoria y un colombiano quedó detenido por mantener vigente una medida administrativa de expulsión. Respecto de las otras diez personas no se informó ninguna infracción.
En Iquique, otros dos migrantes fueron denunciados por trabajar sin autorización, mientras tres cocinerías mantenían entre sus trabajadores a extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas. La denuncia administrativa, conviene recordarlo, no equivale a una detención ni significa que la expulsión sea automática.
El Estado tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras y fiscalizar el cumplimiento de la ley. El problema aparece cuando todos los extranjeros incluidos en un procedimiento son presentados como sospechosos, aunque la enorme mayoría no haya cometido ninguna infracción.
Los irregulares también tienen derechos humanos
También corresponde preguntar quién los contrató, en qué condiciones trabajaban y si se respetaban sus remuneraciones, horarios, seguridad y derechos previsionales. Una política migratoria que persigue solamente al trabajador, pero ignora al empleador que se beneficia de su vulnerabilidad, es una política incompleta y convenientemente selectiva.
La permanencia migratoria irregular es una infracción administrativa, no un sinónimo automático de delincuencia. Esta diferencia resulta especialmente importante cuando las redes sociales convierten una fiscalización en un coro de “todos para afuera”.
El verdadero desafío no consiste simplemente en aumentar expulsiones, sino en combinar orden con Estado de derecho: decisiones individualizadas, debido proceso, defensa efectiva y protección de los derechos laborales.
Fiscalizar, sí. Criminalizar, no. Y aplicar la ley siempre, incluso contra los empleadores abusivos y contra cualquier autoridad tentada a reemplazar el debido proceso por el aplauso fácil.