La Universidad de Chile acaba de entregar una pequeña obra maestra de burocracia aplicada a la transparencia: puede decir con bastante precisión cuánto dinero recibe por revalidaciones de títulos extranjeros, pero cuando uno pregunta cuánto cuesta realmente ese procedimiento, de pronto todo se vuelve niebla contable.
Mi solicitud era sencilla. Pedí información sobre costos de tramitación, personal, infraestructura y gastos administrativos asociados a las revalidaciones durante 2024, 2025 y parte de 2026. También solicité número de profesionales por carrera, dotación de la oficina encargada e ingresos obtenidos por este concepto.
La Universidad pidió aclarar el primer punto. Lo hice hasta dejar escaso espacio para la imaginación burocrática: expresamente indiqué que no pedía estimaciones, cálculos hipotéticos ni información creada especialmente para mí. Pedí solamente los antecedentes contables, presupuestarios o administrativos ya existentes.
¿Respuesta?
La Universidad sostiene que no posee una contabilidad que permita aislar los costos de las revalidaciones y que no existe un centro de costos específico.
Eso puede ser cierto.
Lo curioso es que, cuando preguntamos por cuánto dinero entra, la niebla desaparece inmediatamente.
El monopolio terminó y la caja ya venía bajando
Las cifras entregadas por la propia Universidad son particularmente elocuentes.
En 2024 recibió 291.999.385 pesos por concepto de revalidaciones. En 2025 recibió 222.167.597 pesos. Eso significa una caída de casi 70 millones de pesos en un solo año, equivalente aproximadamente a un 23,9 por ciento.
Y durante los primeros cinco meses de 2026 había recibido apenas 84.457.496 pesos. Si ese ritmo se mantuviera durante todo el año, la recaudación rondaría los 203 millones: casi un 31 por ciento menos que en 2024.
Pero aquí viene lo realmente interesante.
Esa caída comenzó antes de que entrara plenamente en vigencia el nuevo sistema que terminó con la exclusividad universitaria que durante años concentró este procedimiento en la Universidad de Chile. Desde el 17 de agosto de 2026, otras universidades estatales que cumplan los requisitos legales pueden reconocer y revalidar títulos extranjeros.
Por tanto, el efecto real de la competencia todavía ni siquiera aparece reflejado en las cifras entregadas hasta mayo.
En otras palabras: si los ingresos ya venían cayendo cuando todavía conservaba su posición privilegiada, resulta legítimo preguntarse qué ocurrirá ahora que los profesionales extranjeros pueden comenzar a mirar otras puertas.
Esto puede ser solamente el comienzo
Y quizás por eso conocer los costos reales del sistema resulta todavía más interesante.
La Universidad sabe cuánto cobra. Sabe cuánto ingresó cada año. Puede entregar cifras hasta el peso.
Pero cuando preguntamos cuánto cuesta prestar el servicio, comienza la metafísica administrativa.
También pedí solicitudes desglosadas por carrera. Respondieron con totales generales. Pedí información hasta junio. Respondieron hasta mayo.
La Universidad de Chile no está obligada a inventar información.
Pero transparencia tampoco puede consistir en contestar algo distinto de lo preguntado.
Cuando una institución sabe perfectamente cuánto dinero entra, pero explicar cuánto cuesta obtenerlo parece requerir una expedición arqueológica por sus propios archivos, el problema ya no es solamente contable.
Es de transparencia.