En Chile, la inseguridad ya no solo parece venir del delincuente que espera en una esquina. A veces, según las investigaciones recientes, puede aparecer acompañada de una credencial institucional. Y ahí el asunto deja de ser simplemente policial para convertirse en una crisis de confianza.
La Fiscalía Supraterritorial investiga al exfiscal Vinko Fodich, a tres funcionarios activos de la PDI y a otras tres personas por su presunta vinculación con una organización dedicada a secuestros extorsivos. El fiscal Miguel Ángel Orellana confirmó que serán imputados por secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios. La investigación, paradójicamente, nació desde Asuntos Internos de la propia PDI.
El director de la policía civil los llamó “malos funcionarios” y aseguró que la fe pública no puede ponerse en juego. Correcto. El pequeño inconveniente es que precisamente eso es lo que ocurre cuando quienes poseen información policial, conocimientos investigativos y poder institucional aparecen presuntamente mezclados con secuestradores.
¿Quiénes nos están cuidando?
Y Carabineros tampoco puede observar el espectáculo desde una cómoda platea moral. En mayo, tres funcionarios de la Prefectura de Arauco fueron detenidos por presuntos vínculos con una organización criminal y dados de baja. En el mismo operativo hubo más de quince civiles detenidos. Nuevamente apareció Asuntos Internos, nuevamente llegaron los comunicados sobre “probidad”, “transparencia” y “responsabilidad”.
Chile parece tener un manual institucional para después del escándalo: primero descubrimos el desastre, después anunciamos un sumario y finalmente juramos que nuestros controles funcionan magníficamente.
Naturalmente, los investigados conservan su presunción de inocencia. Una investigación no equivale a una condena. Pero la ciudadanía también conserva el derecho a preguntarse cuántos controles fallaron antes de que estos casos llegaran a los tribunales.
Porque el crimen organizado infiltrando instituciones policiales no es una anécdota administrativa ni se arregla despidiendo funcionarios cuando el problema ya explotó. Es una amenaza directa al Estado de Derecho: quienes conocen cómo se investiga también conocen cómo intentar burlarlo.
Cuando una placa deja de producir tranquilidad y comienza a despertar sospechas, algo mucho más grave que una estadística policial se ha roto.
¿Quiénes nos están cuidando?