Jueces sancionados: el Poder Judicial informa, pero explica poco

El Poder Judicial entregó un registro de las medidas disciplinarias impuestas entre 2022 y 2025 a jueces de Santiago y ministros de la Corte de Apelaciones. El documento permite conocer nombres, cargos, fechas y tipos de sanción. Sin embargo, deja sin respuesta la pregunta principal: ¿qué conducta motivó cada castigo?

Para 2022 se señala que no constan sanciones contra ministros de la Corte Suprema, ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago ni jueces de Garantía y Familia. En 2023 solo aparece Cristina Monserrat Retamal Rodríguez, jueza del Cuarto Juzgado de Familia, quien recibió una amonestación privada. El registro no explica la infracción ni entrega una síntesis del procedimiento.

El aumento de sanciones en 2024

Durante 2024 aparecen seis medidas disciplinarias. María Alejandra González Yutronic fue suspendida; Graciel Muñoz Tapia y Jacqueline Dunlop Echavarría recibieron amonestaciones privadas; Daniel Urrutia Labreaux fue censurado por escrito; y Carolina Illanes Monroy figura con dos censuras correspondientes a expedientes distintos.

La existencia de sanciones demuestra que sí operan mecanismos internos de control. No obstante, la utilidad pública del registro es limitada. Sin conocer la conducta sancionada, resulta imposible determinar si la medida fue proporcional, si se trató de una infracción administrativa menor o de un hecho capaz de afectar directamente a los usuarios del sistema judicial.

Jueces y ministros sancionados en 2025

En 2025 fueron sancionados cuatro jueces de Garantía: María Inés Hernández Cáceres, René Alejandro César Cerda Espinoza, Katherinne Román Delfabbro y María Fernanda Sierra Cáceres. El documento, además, deja en blanco las fechas de dos de estas medidas, lo que refleja una entrega incompleta de información.

Ese mismo año fueron suspendidos dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago: Verónica Cecilia Sabaj Escudero, por cuatro meses, y Mauricio Ulloa Márquez, por dos meses. Son las sanciones más severas del registro, pero tampoco se explica qué hechos las originaron.

Una transparencia todavía insuficiente

El listado constituye un avance, pero no permite una verdadera rendición de cuentas. Debería incluir una descripción general de los hechos, la normativa infringida, la autoridad que impuso la sanción, el estado definitivo del procedimiento y un enlace a la resolución respectiva.

No se trata de divulgar información privada ni de exponer innecesariamente a los funcionarios. Se trata de permitir que la ciudadanía comprenda cómo funciona el control disciplinario dentro de una institución que toma decisiones sobre la libertad, el patrimonio y la vida familiar de las personas.

Publicar nombres y sanciones sin explicar sus causas informa solo a medias. Y en materia de transparencia pública, una explicación incompleta difícilmente puede considerarse suficiente.
A continuación comparto con mis lectores el listado completo.