Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú

Keiko Fujimori acaba de escribir una de las páginas políticas más importantes de la historia reciente del Perú. Después de años de persecución judicial, prisión preventiva, campañas de demolición moral y tres derrotas presidenciales, la lideresa de Fuerza Popular logró finalmente imponerse en las urnas y convertirse en presidenta electa del Perú.

Según el conteo oficial de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios. Su contendor, Roberto Sánchez, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos. La diferencia fue estrecha, pero suficiente: 49.641 votos separaron a Keiko de su rival y pusieron fin a una elección larga, tensa y marcada por el intento de la izquierda de instalar nuevamente la sospecha sobre la voluntad popular.

Una victoria con peso histórico

Keiko Fujimori no solo gana una elección. Gana después de haber soportado una de las persecuciones políticas y judiciales más duras de la región. Estuvo sometida a prisión preventiva, fue tratada muchas veces como culpable antes de ser condenada y enfrentó procesos que, con el paso de los años, se fueron debilitando jurídicamente.

Lo más notable es que Keiko nunca huyó del Perú. Y pudo haberlo hecho. Tenía contactos, apellido, recursos, redes y posibilidades. Pero no se fugó. Dio la cara. Enfrentó a fiscales, jueces, campañas mediáticas y acusaciones políticas. Se sometió a los tribunales, aun cuando muchos de esos tribunales parecían más interesados en castigarla políticamente que en administrar justicia con objetividad.

Esa actitud contrasta con la de tantos políticos latinoamericanos que, apenas sienten el peso de una investigación, buscan refugio, embajadas, asilos o victimización internacional. Keiko permaneció en su país. Resistió. Y hoy esa resistencia tiene una respuesta democrática: el voto popular.

La prisión preventiva como castigo anticipado

Keiko Fujimori fue privada de libertad bajo medidas de prisión preventiva en el marco de investigaciones vinculadas al financiamiento de campañas y al llamado caso Odebrecht o caso Cócteles. Sin embargo, la prisión preventiva, en un Estado de Derecho, no puede ser una pena anticipada ni una forma de neutralizar políticamente a una persona.

Ese fue uno de los grandes problemas de su caso. Durante años, la prisión preventiva en Perú se convirtió en una herramienta de espectáculo judicial. No se usaba solo para asegurar el proceso, sino también para enviar mensajes políticos. Y Keiko fue una de las principales víctimas de ese modelo.

Que alguien sea investigado no significa que sea culpable. Que un fiscal formule cargos no significa que una persona deba ser destruida públicamente.

Los argumentos del Tribunal Constitucional para liberarla

Años atrás, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la libertad de Keiko Fujimori al acoger un hábeas corpus presentado a su favor. La decisión declaró fundada la demanda por vulneración del derecho a la libertad personal y anuló las resoluciones judiciales que habían impuesto y confirmado la prisión preventiva.

El razonamiento central fue claro: una prisión preventiva exige una motivación especialmente estricta, porque afecta el derecho más básico de una persona antes de que exista condena. No basta con sospechas, titulares de prensa o presiones políticas. El juez debe explicar con seriedad por qué la medida es legal, necesaria, proporcional y estrictamente indispensable.

En el propio debate judicial se descartó que existiera un peligro razonable de fuga. Keiko tenía arraigo familiar, domiciliario y político. No había escapado. No se había ocultado. No había abandonado el país. Por eso, la idea de mantenerla en prisión preventiva aparecía cada vez más débil.

El Tribunal también recordó un principio elemental: la prisión preventiva debe ser excepcional. En una democracia, la regla debe ser que una persona enfrente el proceso en libertad, salvo que existan razones reales y fundadas para privarla de ella. En el caso de Keiko, esas razones fueron cuestionadas y finalmente derrotadas.

La cuarta candidatura y el fin de una campaña de odio

El triunfo de Keiko Fujimori tiene además un significado político profundo. Durante años, el antifujimorismo no fue simplemente una corriente crítica. En muchos casos se convirtió en una ideología fanática, obsesiva, incapaz de ofrecer al Perú un proyecto de gobierno serio, viable y próspero.

El antifujimorismo vivió de negar, destruir y bloquear. Pero no construyó. No le ofreció al pueblo peruano seguridad, crecimiento, orden ni estabilidad. Su único programa parecía ser impedir que Keiko llegara al poder. Y cuando una ideología se sostiene únicamente sobre el odio a una persona o a una familia, termina agotándose.

Hoy ha ganado el Perú y ha perdido ese antifujimorismo radical que durante años actuó como una forma de terrorismo moral contra millones de peruanos que sí reconocen los logros del fujimorismo. Porque se puede discutir la historia, se pueden señalar errores y controversias, pero no se puede negar que Alberto Fujimori conectó con sectores populares que durante años habían sido olvidados por las élites limeñas.

Desde Alberto Fujimori, Perú no ha tenido otro estadista con la misma capacidad de conectar con el pueblo, enfrentar el caos y entender que el Estado debe llegar donde antes solo llegaban el abandono, el miedo o la violencia.

Mis felicitaciones a Keiko Fujimori.