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🗓️ Publicado el 29/06/2026
Chile dice proteger la libertad de expresión, pero mi caso demuestra que esa garantía puede volverse frágil cuando el criticado es un funcionario con poder. Lo que comenzó como un artículo de opinión en mi blog personal terminó convertido en una querella penal por injurias y calumnias, impulsada por el fiscal Paulo Ramírez Palomino, y acompañada de resoluciones judiciales que, a mi juicio, afectan gravemente mi derecho a criticar a funcionarios públicos.
El artículo cuestionado trataba sobre el desempeño de un fiscal del Ministerio Público, sus resultados, sus decisiones y datos obtenidos de fuentes públicas. No era una amenaza, no era una incitación a la violencia, no era una persecución personal. Era una crítica dura, incómoda y política, dirigida a un funcionario que ejerce poder penal y que, por lo mismo, debe estar sometido al escrutinio ciudadano.
Sin embargo, la respuesta no fue el debate público. Fue una querella.
Un fiscal que responde con querellas en vez de responder con transparencia
El fiscal Paulo Ramírez Palomino pudo aclarar, explicar o desmentir públicamente mis opiniones. Pudo mostrar antecedentes, defender sus cifras o responder con argumentos. Pero eligió el camino penal.
Ese hecho, para mí, es preocupante. Cuando un fiscal utiliza una querella para enfrentar una crítica vinculada a su función pública, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una defensa legítima del honor o ante un presunto abuso de poder destinado a intimidar a quien fiscaliza?
Mi crítica no se dirigía a un ciudadano privado, sino a un fiscal adjunto del Ministerio Público. Un fiscal no es una persona cualquiera frente al debate público. Tiene poder, recursos institucionales y una responsabilidad superior frente a la ciudadanía. Por eso debe tolerar un nivel más intenso de cuestionamiento, incluso cuando ese cuestionamiento sea duro, molesto o severo.
Pretender que la crítica ciudadana sea tratada como delito es instalar un mensaje peligroso: quien cuestione a una autoridad puede terminar acusado penalmente.
La resolución del juez Mario Cayul: una medida que huele a censura previa
Lo más grave de esta causa no es solo la querella del fiscal. Lo más grave es que el juez Mario Alfredo Cayul Estrada ordenó oficiar al proveedor de hosting de mi sitio web para remover o desindexar el contenido cuestionado.
Eso ocurrió antes de un juicio. Antes de una sentencia. Antes de que se determinara si mi artículo era o no delito.
A mi juicio, esa resolución opera como censura previa. Se presentó como una medida de protección, pero en la práctica buscaba sacar del debate público una publicación crítica contra un fiscal. No se trataba de proteger a alguien de una agresión física o de una amenaza real, sino de eliminar un texto de opinión.
El juez utilizó una norma de protección de víctimas para ordenar la remoción de un artículo cuya legalidad era justamente el objeto del proceso. Esa decisión, en mi opinión, anticipó el resultado del juicio y afectó mi derecho a expresarme, informar y opinar.
Si un juez puede ordenar bajar una publicación crítica antes de sentencia, entonces cualquier autoridad molesta podría intentar lo mismo. Eso es incompatible con una democracia seria.
El peligroso uso de la palabra “víctima”
También me preocupa que desde una etapa inicial se haya tratado al querellante como “víctima”. En una querella por injurias y calumnias, todavía no existe una sentencia que declare que hubo delito. Hay un querellante y un querellado. No hay una víctima judicialmente establecida.
Llamar “víctima” al fiscal antes de resolver el fondo puede parecer un detalle, pero no lo es. Ese lenguaje inclina la balanza. Anticipa una conclusión. Debilita la presunción de inocencia y afecta la imparcialidad que debe tener todo tribunal.
Yo soy querellado, no condenado. Y el fiscal Paulo Ramírez Palomino es querellante, no víctima declarada por sentencia.
La Defensoría Penal Pública y el silencio que también vulnera derechos
En esta causa también debe examinarse el papel de la Defensoría Penal Pública. Un defensor no está para mirar pasivamente cómo se dictan resoluciones que afectan derechos fundamentales. Está para oponerse, pedir audiencia, recurrir y proteger al representado.
Cuando se ordena remover una publicación antes de sentencia, la defensa debe reaccionar de inmediato. Cuando una medida puede transformarse en una amenaza de desacato, la defensa debe actuar con firmeza. Cuando está en juego la libertad de expresión, el silencio no es neutral: favorece al poder.
La defensa pública no puede ser una formalidad. Debe ser una defensa real. En mi caso, estimo que la falta de reacción oportuna permitió que una medida discutible siguiera avanzando y generando nuevas consecuencias en mi contra.
Una causa suspendida y, aun así, empujada hacia el desacato por presiones del Fiscal Paulo Ramírez Palomino
Otro punto grave es que el procedimiento fue suspendido conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal y designación de curador ad litem. Es decir, el propio sistema reconoció que existía una situación procesal especial que exigía mayor cuidado.
Pese a ello, continuaron las presiones para eliminar el artículo, los apercibimientos y finalmente la remisión de antecedentes al Ministerio Público por un supuesto desacato.
Eso, a mi juicio, es extremadamente grave. Si la orden original era discutible, si podía constituir censura previa, si fue dictada antes de sentencia y si además la causa estaba suspendida, entonces construir sobre esa base una nueva persecución penal por desacato resulta abusivo.
No se puede usar una medida cuestionable para fabricar un nuevo delito. No se puede convertir la resistencia frente a una orden que afecta derechos fundamentales en una nueva herramienta de persecución.
El Estado chileno puede terminar respondiendo internacionalmente
Este caso puede parecer una disputa entre un fiscal y un ciudadano con un blog, pero es mucho más que eso. Aquí está en juego el derecho de cualquier persona a criticar a funcionarios públicos.
Si Chile permite que una autoridad se querelle, consiga que se remueva una publicación antes de sentencia y luego impulse consecuencias penales por no acatar esa orden, el Estado se expone a un problema serio ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La Corte Interamericana ha sido clara en proteger especialmente el debate sobre funcionarios públicos, probidad, corrupción, desempeño institucional y asuntos de interés general. El uso del derecho penal frente a críticas de interés público debe ser excepcional, porque genera un efecto intimidatorio para toda la sociedad.
Si este caso llega a la Corte Interamericana, Chile puede ser condenado por vulnerar libertad de expresión, debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de censura previa.
Criticar al poder no es delito
No acepto que criticar a un fiscal sea tratado como delito. No acepto que una opinión sobre asuntos públicos sea respondida con una orden de eliminación. No acepto que el honor de una autoridad se convierta en una mordaza contra la ciudadanía.
La honra de toda persona importa, pero no puede usarse para impedir la fiscalización de quienes ejercen poder. Un fiscal puede defenderse, pero no debería utilizar el sistema penal para silenciar críticas sobre su desempeño público.
El juez Mario Cayul tenía el deber de proteger garantías, ponderar derechos y evitar restricciones anticipadas al discurso. En cambio, dictó una resolución que, a mi juicio, afecta gravemente la libertad de expresión.
Y la Defensoría Pública tenía el deber de actuar con firmeza. Porque cuando la defensa calla, el poder avanza.
Una advertencia democrática
Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquier periodista, abogado, bloguero, denunciante, activista o ciudadano que critique a un fiscal, a un juez o a cualquier autoridad.
La libertad de expresión no se defiende cuando todos están de acuerdo. Se defiende cuando incomoda. Se defiende cuando molesta al poder. Se defiende cuando una autoridad se siente cuestionada.
Una democracia donde solo se puede criticar suavemente no es una democracia plena. Es una democracia vigilada.
Estuve leyendo todo el artículo y ante ti, me quito el sombrero . Eres un cojonudo . Has demostrado tener una inmensa preparación y conocimientos , además de mostrarles a esos corruptos que tienes más valor y más inteligencia que ellos .
De hecho , eres santiaguero de pura cepa. No lo puedes negar . Es decir : un hombre con el valor y aquello bien puesto.
Y me he dado cuenta que tú , a pesar de pasar por todas esas adversidades te lo tomas con mucha paciencia y calma inimaginables, y seguro de vencer en cada acto contra tu persona.
Te felicito de todo corazón.
Estoy aprendiendo de ti también.
Te súper quiero mucho mucho mucho y no quiero que te pase nada, nunca . Que ningún hijo de p.. madre te vaya a tocar jamás , ni un cabello . Más les vale a esas basuras.
Es la verdad hay mucho jueces corruptos y tú defiendes más los derechos humanos eres un cojonuo como dicen y yo lo sé porque yo lo he vivido con juezas en un caso también son unos corruptos te apoyo sigue adelante y que la verdad siempre sale a la luz que Dios te proteja.
¿El juez Mario Cayul no será amigo del Fiscal, serán conocidos por eso adelantó opinión? Denunciaremos en Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que se entere todo chile aquí no hay libertad de expresión.