Maxi Lobos, el juez Daniel Urrutia y una sentencia que fortalece la libertad de expresión

La absolución de Maximiliano Lobos Lacoste por la Corte de Apelaciones de Santiago no es solo el desenlace favorable de una querella por injurias y calumnias. La decisión obliga a reflexionar sobre los límites del poder y el peligro de recurrir al Derecho Penal para responder a críticas ciudadanas.

El conflicto comenzó con una publicación realizada por Lobos el 2 de febrero de 2023, a las 09:48 horas, en su cuenta de Twitter, actualmente X. En ella afirmó que el juez Daniel Urrutia había dejado en libertad a 1.425 personas detenidas en flagrancia que portaban drogas y armas. La sentencia reconoce que la información no era verídica o que su autor no podía acreditar su exactitud. Sin embargo, esa inexactitud no bastaba para configurar automáticamente calumnias o injurias graves.

Juez Daniel Urrutia al ataque

El juez Daniel Urrutia presentó una querella penal privada. Según el relato del posteriormente absuelto, el proceso se extendió durante más de tres años y se tramitó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal en el cual Urrutia se desempeña como juez titular. ¿Se imaginan ustedes que imparcialidad podría existir en el mismo Juzgado donde labora el juez? La mesa estaba servida para comerse al «felino».

Pero esta no fue la única violación: Maximiliano Lobos Lacoste sostiene que se dictó una orden de arresto en su contra, permaneció una noche en un calabozo y posteriormente fue sometido a prisión preventiva. También afirma que esa privación de libertad fue declarada ilegal por la Corte Suprema al acogerse un recurso de amparo por decisión unánime.

Estos antecedentes muestran la dimensión humana del proceso. Hubo una persona privada de libertad, sometida a la amenaza de una sanción penal y obligada a defender durante años una publicación realizada en una red social. A ello se agregó, según su versión, una propuesta de ofrecer disculpas públicas para terminar el conflicto, alternativa que rechazó porque consideraba que equivalía a renunciar a su derecho a criticar.

La Corte de Apelaciones De Santiago

Lobos fue condenado en primera instancia por el Séptimo Juzgado de Garantía pero la Corte de Apelaciones anuló esa decisión y, el 12 de junio de 2026, dictó una sentencia de reemplazo que lo absolvió de ambos delitos. El tribunal superior concluyó que el mensaje cuestionado no atribuía al juez Daniel Urrutia un delito determinado. Decir que un juez dejó en libertad a ciertas personas podía ser una crítica severa, incorrecta o injusta, pero no equivalía a imputarle prevaricación u otro ilícito concreto.

Tampoco se acreditó el ánimo específico de injuriar. Para que exista injuria penal no basta con que una afirmación resulte molesta o perjudicial. Debe probarse la intención de deshonrar, desacreditar o menospreciar. Para la Corte, las palabras de Lobos estaban vinculadas con actuaciones jurisdiccionales atribuidas al magistrado y no con su vida privada o dignidad personal. Predominaba, por tanto, el ánimo de criticar sobre el propósito de injuriar.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es su defensa del escrutinio ciudadano. La mayoría sostuvo que la protección de la honra de un juez debe armonizarse con la libertad de opinión y que quienes ejercen funciones públicas están obligados a soportar un grado mayor de cuestionamiento. Incluso expresiones exageradas o inexactas pueden quedar protegidas cuando forman parte de una discusión de interés general y no contienen ofensas gratuitas desvinculadas del mensaje.

La actuación del juez Daniel Urrutia merece una valoración crítica. Tenía derecho a defender su honra y acudir a los tribunales. No obstante, de un magistrado se espera especial prudencia al activar el poder punitivo contra un ciudadano por expresiones referidas a su función pública.

La libertad de expresión 

La importancia del caso trasciende a sus protagonistas. El fallo no constituye un precedente obligatorio para todos los tribunales chilenos, pero entrega una orientación jurisprudencial valiosa: el Derecho Penal es una herramienta de última ratio y no debe convertirse en un mecanismo para silenciar la crítica política.

La libertad de expresión no protege únicamente opiniones prudentes, exactas o agradables. Su verdadera utilidad aparece cuando ampara palabras que incomodan al poder. La sentencia recuerda que los jueces deben tener temple para soportar el cuestionamiento público y que el ciudadano no puede quedar en una posición de miedo frente a autoridades dotadas de imperium. En esa afirmación reside el valor democrático más profundo de esta sentencia que comparto ahora con ustedes.