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🗓️ Publicado el 17/01/2026
Como ya conocen mis lectores el EUNACOM no es para todos. Existen muchos médicos que obtuvieron su título en el extranjero y que se encuentran ejerciendo profesionalmente sin necesidad de pasar por un examen que no mide realmente las capacidades.
Si bien es cierto que chilenos graduados en el exterior, como María Rifo, se han visto impedidos de ejercer por haberse graduado en Rusia; existen mecanismos en el orden administrativo y judicial para romper la barrera burocrática.
La SEREMI DE SALUD les ha dado autorización para ejercer en la Araucanía a los siguientes profesionales: Ernesto Damián Benitez Verdecia (Cuba), María Cristina Pérez Palma (Cuba), Cristhian Felipe Latorre Rivera (Chile), Mauricio Antonio Venegas Bravo (Chile), Víctor Nicolás Alcalá Araujo (Venezuela), Bladimir José López León (Venezuela), Carlos Manuel Rodriguez Soto (El Salvador), Alfredo Andrés Cayul Llevilaf (Chile), Paula Andrea Estrada Reyes (Chile), Herbert Anselmo Ramírez Torres (El Salvador), entre muchos otros. Lo mismo ocurre en Regiones como la Metropolitana y Valparaíso.
Normativa versus realidad
El artículo 112 del Código Sanitario permite a un médico graduado en el extranjero trabajar sin necedad de aprobar el examen del EUNACOM.
Tanto la Superintendencia de Salud como la SEREMI de la Región de la Araucanía han autorizado a cientos de médicos.
Existe además un Tratado que se aplicó a otros chilenos y extranjeros que obtuvieron sus títulos a raíz del Golpe de Estado, donde muchas familias tuvieron que exiliarse.
Existe otro grupo de profesionales que se encuentran ejerciendo no sólo sin haber aprobado el EUNACOM sino que se encuentran en Chile en situación irregular o con una visa temporaria. Y es éste último grupo el que se expone a los mayores abusos pero a su vez son motivo de preocupación en la ciudadanía y las autoridades.
EL EUNACOM
El Eunacom no es un examen que permita valorar los conocimientos médicos. Ante esto, algunos de los profesionales anunciaron acciones legales debido a un proceso irregular que ha visto como aumenta la cantidad de extranjeros que reprueba la evaluación sin explicación.
Chile es el país que tiene el peor sistema de revalidación de títulos. El profesional se convierte en el cajero automático de la Universidad de Chile, una institución que ejerce un monopolio ilegal y que trata con discriminación a quienes allí acuden. De hecho los exámenes que allí se realizan son tan impredecibles como arbitrarios e inapelables.
Actualidad
La Contraloría General de la República ha sostenido reiteradamente que compete exclusivamente a la Universidad de Chile determinar la equivalencia entre títulos obtenidos en el extranjero, en uso de sus facultades privativas y excluyentes, contenidas en el DFL N°3, de 2006, del Ministerio de Educación (Dictámenes N°76607, de 2013 y N°5331, de 2018, entre otros), específicamente el inciso primero de su artículo 6°, que dispone: “A la Universidad de Chile le corresponde la atribución de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.”
Sin embargo todo eso cambió con la Nueva Ley de Migraciones que en su artículo 143 establece que todas las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera.
El mismo artículo define que el Ministerio de Educación «reglamentará el procedimiento de reconocimiento y revalidación de títulos profesionales, técnicos y grados académicos obtenidos en el extranjero y la convalidación de actividades curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior».
Pienso que el Ministerio Público, el Poder Judicial y nuestros representantes en el Congreso deben tomar cartas en el asunto y preguntarle a la Contralora figureti que vive de nuestros impuestos: hasta cuándo tendrá engavetado el reglamento que le fue enviado por la Subsecretaría de Educación Superior y la Presidencia de la República.