Hay absoluciones que despejan una acusación. Y hay otras que dejan una pregunta mucho más incómoda: ¿cómo puede una investigación por hechos tan graves llegar a juicio con semejantes vacíos probatorios?
El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió a tres funcionarios de Carabineros pertenecientes a la SIP de la Sexta Comisaría de Recoleta. Habían sido acusados por delitos vinculados a una supuesta detención ilegal y arbitraria, allanamiento irregular, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, por hechos ocurridos en junio de 2023.
La acusación era grave. Según la tesis del Ministerio Público, un ciudadano dominicano habría sido reducido sin justificación, golpeado y despojado de las llaves de su domicilio. Posteriormente, funcionarios policiales habrían ingresado al inmueble sin orden judicial ni una situación de flagrancia que justificara dicha actuación. También se cuestionaba el contenido del parte policial.
Pero una acusación penal no se sostiene con sospechas ni indignación. Se sostiene con pruebas.
Y ahí comenzó el derrumbe
Buena parte de los hechos descansaba en declaraciones de personas que ni siquiera comparecieron al juicio. Los registros audiovisuales eran fragmentarios y su origen e integridad presentaban problemas. Tampoco se habrían practicado oportunamente diversas diligencias que podían resultar esenciales para determinar qué ocurrió realmente.
No declarar a determinadas personas, no identificar adecuadamente el origen de ciertos registros o no asegurar evidencia relevante puede terminar destruyendo cualquier investigación, por grave que sea la denuncia inicial.
El resultado fue previsible: el tribunal estimó que la prueba presentada no permitía superar el estándar exigido para condenar y absolvió a los tres funcionarios.
Y aquí conviene hacer una precisión elemental: una absolución significa que no se acreditó la culpabilidad más allá de toda duda razonable. No corresponde transformar el fallo en una declaración de culpabilidad encubierta. Los funcionarios fueron absueltos y jurídicamente deben ser tratados como tales.
Pero tampoco corresponde utilizar la absolución para fingir que nada pasó.
Si una denuncia involucra eventuales abusos policiales, ingreso irregular a un domicilio y cuestionamientos sobre documentos oficiales, el Estado tiene la obligación de investigar con especial rigor. No hacerlo perjudica a todos: al denunciante que reclama justicia, a los funcionarios injustamente acusados si la imputación carecía de fundamento y a la confianza pública en las instituciones.
¿Quién responde cuando una investigación de esta gravedad llega a tribunales hecha pedazos?