Chile y la libertad de expresión.

Chile tiene una relación casi esquizofrénica con la libertad de expresión. La celebra en discursos, seminarios, aniversarios republicanos y columnas impecablemente tibias, pero apenas alguien la ejerce con filo, con datos incómodos o con una opinión que raspa la piel del poder, aparecen los guardianes de la sensibilidad institucional a pedir “prudencia”, “respeto”, “responsabilidad” y, si pueden, una querella.

En el papel, todo suena hermoso. La Constitución garantiza emitir opinión e informar sin censura previa. La Ley de Prensa reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información. Pero en la práctica chilena se ha perfeccionado una forma más elegante de censura: no te callan antes de hablar, te esperan después con abogados, medidas cautelares, amenazas judiciales y expedientes penales. Es la censura diferida, con timbre del tribunal y aroma a oficina pública.

Libertad de expresión con correa

El problema no es que en Chile no exista libertad de expresión. Existe, pero muchas veces con correa. Se tolera la crítica decorativa, la que no incomoda, la que se escribe con guantes blancos y termina agradeciendo al mismo poder que dice fiscalizar. Pero cuando la crítica es dura, cuando apunta a fiscales, jueces, autoridades, políticos o instituciones, entonces cambia el libreto: el crítico deja de ser ciudadano y pasa a ser “abusivo”, “irresponsable”, “injurioso” o “peligroso”.

Ahí aparecen las querellas por injurias y calumnias como herramienta de amedrentamiento. Por supuesto que nadie tiene derecho a mentir deliberadamente ni a destruir honras con falsedades. Pero otra cosa muy distinta es usar el honor como blindaje para impedir la fiscalización. Una democracia no puede funcionar si cada opinión severa termina convertida en amenaza penal, si cada ironía se mira como delito y si cada denuncia ciudadana es tratada como insolencia contra una casta intocable.

¿Democracia adulta o República de porcelana?

La libertad de expresión no fue diseñada para proteger halagos. Para eso no se necesita garantía constitucional. Existe para proteger lo incómodo, lo áspero, lo que molesta, lo que denuncia, lo que revela y lo que obliga al poderoso a bajar del pedestal. Una opinión servil nunca necesitó protección. La crítica, sí.

Chile debe decidir si quiere una democracia adulta o una república de porcelana, donde cada autoridad ofendida corre al sistema judicial para que le planchen la dignidad. Porque si la crítica solo es legítima cuando no molesta, entonces no estamos hablando de libertad de expresión: estamos hablando de permiso administrativo para opinar.

Chile ha descendido en el ranking mundial de libertad de expresión. Hoy ocupa el puesto 70. Por algo será.