Millones $$ del SENADIS a la Corporación de Asistencia Judicial

Mis lectores saben cuán de cerca me toca el tema de la discapacidad, he defendido y he hecho ver la causa que muchos han querido silenciar. 

La discapacidad es un área muy sensible y todos los funcionarios públicos  debieran conocerse al dedillo la Convención Interamericana firmada y ratificada por Chile, así como otros instrumentos de importancia.

Pero también la discapacidad deja mucho dinero a los Estados, existen donaciones que internacionalmente se hacen y que van destinadas a los programas que cada gobierno de América Latina debe implementar en favor de las personas que no pueden trabajar o que no pueden mantener un trabajo ya sea por aspectos psíquicos o motores.

En Chile tenemos al SENADIS, que no es más que el Servicio Nacional de la Discapacidad, una «institución pública encargada de promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, coordinando políticas y programas, y entregando ayudas técnicas y beneficios para asegurar sus derechos y eliminar la discriminación».

Eso es lo que dice la inteligencia artificial.

El SENADIS

En la realidad el SENADIS se ha convertido en un cajero automático de varias Instituciones que han tratado con el mayor irrespeto a los discapacitados que tocan a sus puertas.

Según la RESOLUCION EXENTA N° 0003 del 2 de enero del 2020, el Presupuesto del SENADIS es de $355.207.000, algo así como unos 408 mil dólares. Este dinero supuestamente debe emplearse para proyectos que tienen que ver con las personas discapacitadas y se le entrega también a Instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial para que brinde un servicio de EXCELENCIA a las personas que no pueden pagar abogados privados por su enfermedad.

¿Cuánto millones recibió  la Corporación de Asistencia Judicial  del SENADIS en el 2025?

Una de las Instituciones más favorecidas lo ha sido la Corporación de Asistencia Judicial, quien sólo en el año 2024 recibió del  SENADIS unos $102.867.000 de pesos. 

Ambas Instituciones, el SENADIS y la Corporación, firmaron el “Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos Programa Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad». 

Es justo cuando firmaron el Convenio el 20 de enero del 2025, que la Corporación de Asistencia Judicial, que se destaca por realizar paros todos los años, afectando con ello a las personas discapacitadas que van a sus sedes en busca de asesoría legal, recibió la suma de $107.359.588 de pesos. 

La Realidad

La Corporación de Asistencia Judicial no es de las instituciones públicas mejor evaluadas por la población y los reclamos han aumentado. Pero no nos apartemos de lo que ocurre allí con las personas discapacitadas porque para ellas debería existir un trato diferenciado lo que en la práctica no ocurre.

Pues les cuento: los abogados de la Corporación ubicados unos en calle Agustinas y los otros en calle Teatinos no cumplen a cabalidad con el Convenio, y en mi opinión no son merecedores de que el SENADIS siga destinando millones para que los discapacitados reciban una defensa. Pienso que esas altas sumas debieran ser entregadas a las clínicas jurídicas de las universidades para que éstas acepten más casos cada año.

A modo de ejemplo, puedo decir a mis lectores que en la Corporación de la Región Metropolitana, si un discapacitado exige o reclama porque un abogado ha hecho un mal trabajo o no existe buena comunicación se le suspende la atención al discapacitado o se le amenaza mediante «memorándum» firmado por una funcionaria de la misma Corporación para que el usuario discapacitado cierre la boca.

Desconocen la legislación supranacional y la nacional también

Es importante que se sepa que en la Corporación de Asistencia Judicial hay un desconocimiento total de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que ha sido firmada y ratificada por Chile. Tampoco conocen la Resolución Ministerial de Salud Pública que dice claramente que a ninguna persona se le puede obligar a realizarse un peritaje psicológico.

Es más, la Convención Interamericana prohíbe a cualquier Estado o funcionario público, entiéndase, juez, a tener a la discapacidad como causal de divorcio. Eso acá en Chile es letra muerta y ameritaría una demanda contra el Estado y una buena indemnización cuando un juez vea en una enfermedad un motivo para divorciar.

Pero hasta esto era desconocido por la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana tuve yo que enviarles las normativas.  Los abogados  tuvieron ante sí un caso emblemático donde debían exponer y aplicar todos sus conocimientos en cuanto a la legislación de discapacidad, lo cual no ocurrió en el momento procesal oportuno.

Eso sí, debo sacar de la lista negra a los abogados de la propia Corporación de Asistencia Judicial que litigan en el área penal, donde he visto mucha técnica, menos miedo a colegas y jueces y un compromiso mayor; ése es el caso de Víctor Providel Labarca. Y en el área civil hay unas leonas del derecho llamadas Vanessa Moreno García, Claudia Cataldo y Támara Díaz Alvarado.

Las informaciones y los datos que he podido compartir con ustedes no fueron fáciles de obtener ya que funcionarios de la Corporación Judicial se negaron a entregarlo, respondiéndome que no existía ningún convenio con el SENADIS y mucho menos me dijeron las sumas millonarias que recibían para «dar un servicio de excelencia a los discapacitados».

Ausencia de Protocolos para la atención a discapacitados

Pero si ni siquiera tienen un Protocolo para tratar a personas con discapacidad psiquiátrica, si dejan de atender a los discapacitados si reclaman y si tienen a las acciones constitucionales y las recusaciones como una falta de respeto, por qué el SENADIS debe destinar más de 100 millones de pesos a la Corporación, ayudando a pagar salarios allí, y destinando un dinero que no se emplea como se debiera en las personas con discapacidad.

Falta de respeto es cobrar sin trabajar, falta de respeto es decirle a un discapacitado que exigir un juez imparcial puede ser una causal de «alta administrativa» o de conclusión de servicios. Falta de respeto es mandar a un discapacitado a clínicas jurídicas o a abogados privados cuando se reciben millones de pesos para atender a esa persona cubierta y penetrada por la vulnerabilidad.

Comparto con ustedes el texto íntegro del Convenio donde aparece la suma recibida por la Corporación para que atienda a los discapacitados. (Continuará)….