¿Transparencia en el Poder Judicial?

La ciudadanía debe estar alerta ante las actuaciones de todos aquellos que viven de nuestros impuestos. Algunos de ellos han sido nombrados por el gobierno de turno, pero otros han sido elegidos por usted mismo.

Unos y otros tienen algo en común: deben rendir cuentas al ciudadano de a pie y no al revés. Ministros, Jueces, Fiscales y demás funcionarios públicos han renunciado a su privacidad desde que aceptan el encargo. Su privacidad se ve muy reducida ya que sus abultados salarios salen de los impuestos del resto de la ciudadanía.

En Chile así se ha entendido y es por ello que todo juez o Ministro tiene que declarar su patrimonio e ingresos y fuentes potenciales de conflictos cada año. Y esas declaraciones quedan publicadas en un sitio web creado para tal efecto.

Usted como ciudadano tiene además el derecho a pedir todas las comunicaciones que el juez, ministro o funcionario haya sostenido con otros funcionarios o privados siempre y cuando haya usado el correo institucional para enviar o recibir los correos electrónicos.

Transparencia y Resistencia

Muchos funcionarios públicos se resisten a la idea de que ellos no sondas que servidores y creen que los puestos que ocupan les hace superiores o inmunes a toda crítica e investigación.

Eso lo he vivo de cerca cuando gané varios Recursos de Amparos ante el Consejo para la Transparencia contra las Instituciones más poderosas: El Ministerio del Interior y la Universidad de Chile.

Estas entidades así como otras se han resistido a la entrega de determinadas informaciones hasta que el Consejo para la Transparencia o la Corte de Apelaciones han determinado la publicidad de lo solicitado.

Lo primero que debe usted saber es que por principio todo acto, comunicación o interés patrimonial de un funcionario es PÚBLICO.

Usted puede y tiene el derecho de conocer dónde vive quién lo juzga o quien toma las decisiones más importantes  en cada Ministerio o Universidad.

¿Y en el Poder Judicial?

Ocurre lo mismo, precisamente sobre jueces y fiscales es donde el celo de la ciudadania debe recaer con mayor intensidad. Y es por una razón evidente: ellos imparten justicia o son los titulares de la acción penal.

A lo largo de la historia hemos sido testigos de jueces y fiscales que han sido sobornados, o de jueces prevaricadores que abusan de su autoridad. Es por ello que el abogado que lo represente en cualquier tipo de proceso debe exigir para usted un DEBIDO PROCESO, y esto debe partir con la observación de lupa.

Su abogado o representante legal tiene que asegurarse de que el juez o el fiscal que lleve su caso no tenga ninguna relación de amistad o enemistad con su contraparte o supuesta víctima. Pero además, debe obtener todos los datos que se encuentran disponibles en la web de Probidad. Allí podrá conocer dónde vive el funcionario, qué relaciones tiene y cuáles pueden ser sus potenciales fuentes de conflicto, además de otros datos que ponderados en su totalidad garantizan que usted pueda tener un juicio justo. Si quien lo representa no hace la tarea, dude siempre.

El debido proceso y la transparencia son una obligación y un derecho y no un capítulo olvidado.

Jueces denunciados por Prevaricato 

Algunos de los jueces o «Ministros» que he denunciado por el delito de prevaricación judicial van desde el Juzgado de Familia hasta la mismísima Corte Suprema: jueces que se han apartado del recto sentido de la justicia y que han desconocido incluso los Tratados Internacionales que Chile ha firmado y ratificado. 

Aquí algunos de los denunciados: Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez, María Soledad Mero Labra, Jessica de Lourdes González Troncoso, Pedro Maldonado Escudero, Elizabeth Molina Gutiérrez, Paola Andrea Rivas Mardones, Guillermo de la Barra Dunner, Hernán Alejandro Crisosto, Nibaldo Arévalo Macías, Renée Rivero Hurtado, entre otros. 

Comparto con ustedes mi más reciente solicitud de Transparencia al Poder Judicial.