Pablo Montero denuncia corrupción del Poder Judicial en Curicó

El que aparece en la foto, es el juez Fernando Bravo Ibarra, quien labora en la Corte de Talca. Todo comenzó con una historia de amor en la ciudad de Curicó. Pero la primavera terminó abruptamente sin esperar siquiera a la otra estación.

Luego, llega una carta de Pablo Montero Mena al Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca, respecto a una lamentable situación que venía ocurriendo en la Causa C-635-2020. Una sentencia del Juzgado de Familia, que podría considerarse como prevaricadora, asfixiaba a Pablo Montero. Y aunque no es abogado todo aquello tenía olor a injusticia y corrupción.

No hubo un debido proceso

La primera magistrada recusada fue María Elena Ortíz Cornejo: llevó el caso de una manera arbitraria e ilegal. Ni siquiera se recusó al descubrirse que tenía lazos de amistad con la contraparte y sus representantes. Tampoco se recusó pese a tener amistad con una de las testigos de la contraria, me refiero a la señora Betzabe Espindola, cuyo testimonio fue clave en el desenlace de la causa en el Tribunal de Familia.

La segunda Magistrada recusada fue Beatriz Aranda, quien era muy amiga de María Elena Ortíz Cornejo (juez saliente).

Pero lo peor llegó cuando Pablo Montero se entera de que la madre de sus hijos mantenía una relación sentimental con el Ministro de Corte Fernando Bravo Ibarra, quien también había participado en las decisiones que se tomaron en el marco del cumplimiento de la causa Z-800-2019.

Sin embargo, ninguno de los magistrados antes mencionados han recibido una sanción acorde a las violaciones que cometieron. Todos violaron el debido proceso.

¿Quiénes son los tres jueces implicados en esta historia?

1. Comencemos por María Elena Ortíz Cornejo, quien asumió el cargo en agosto del año 2005. Su estado civil sigue siendo el de soltera y tiene un único hijo. Es dueña de 2 propiedades en Curicó, una que se ubica en Lote 72 fundo Lumaco, Rauco; y que está avaluada en $ 105.242.008 de pesos chilenos, y la otra se ubica en las tinajas 1820 Santa Laura del boldo Curicó.

Ambas propiedades fueron adquiridas después que ocupó el cargo de juez y sus relaciones mayores son con el Banco Scotiabank.

2. Beatriz Carolina Aranda Ortiz: Asumió el cargo de juez en el año 2007. Actualmente se encuentra casada y es madre de dos hijos. Registra 2 actividades profesionales. Es propietaria de un bien inmueble en Curicó y tiene concesiones de aguas. Actualmente acumula una deuda de $ 337.000.000 de pesos chilenos con el Banco BCI.

3. Fernando Patricio Bravo Ibarra. Trabaja en el Poder Judicial desde el año 2009. Tiene tres hijos y actualmente se encuentra divorciado. Es propietario de 2 bienes inmuebles: el primero de ellos está ubicado en Ruta J 60 kilómetro 1, condominio alto las rosas, Comuna de Rauco. También es dueño de dos vehículos motorizados: un CHEVROLET del año 2010 y un MAZDA, modelo CX-5 R 4 WD 2.0; adquirido en el año 2013.

Fernando Bravo Ibarra recibió una transferencia de $100.000 pesos de una de las partes en un proceso de pensión de alimentos. Acá les comparto la prueba. Habría que preguntarse cómo un juez puede recibir dinero de tal manera? 

Desgraciadamente su caso no es el único, próximamente publicaré transferencias sospechosas que han recibido jueces en diversas regiones del país, especialmente en la Región Metropolitana. 

(Continuará)…