Los emails que comprometen a la Universidad de Chile

Pronto se sabrá el contenido de los emails que la Universidad de Chile ha escondido durante más de 1 año.

Todo empezó cuando les solicité vía Transparencia TODOS los emails que se habían enviado entre el Decano de la Facultad de Derecho y la Prorrectoría en materia de Revalidación.

Pero si de algo no puede presumir la Universidad de Chile es de Transparencia, por eso respondió negativamente y tuve que interponer un Recurso de Amparo ante el Consejo para la Transparencia. Gané el Amparo y el Consejo le ordenó a la Universidad de Chile que debía entregarme todos los emails que estuviesen relacionados con mi petición.

Argumentos de la Universidad de Chile para esconder los emails

Pero la Universidad de Chile se NEGÓ a entregar los emails e hizo el ridículo de presentar un «Contencioso Administrativo» contra el Consejo, y que ya está finalizando su tramitación en el Poder Judicial bajo el Rol No. 53 – 2025.

Mediante oficio UT (O) N° 462 de 30 de agosto de 2024, la Universidad de Chile indica que la información requerida no es pública, atendido que se requiere correos electrónicos cuya privacidad se encuentra garantizada constitucionalmente. Los eruditos sostuvieron el disparate que «la Ley de Transparencia regula la entrega de decisiones formales de la administración y sus fundamentos y, por tanto, las comunicaciones requeridas no se encuentran dentro del objeto de la ley«.

La Universidad argumentó también que el contenido de los correos puede tratarse información privada entre las partes, toda vez que pueden ser utilizados para comunicaciones que excedan el ámbito del servicio.

¿Se imaginan ustedes a la más alta autoridad de la Universidad de Chile, reconociendo que sus trabajadores en vez de cumplir con su jornada laboral y usar los medios del Estado para las funciones establecidas, se dedican a tratar «temas privados»?

Argumentos del Consejo para la Transparencia

Fue el propio David Ibaceta Medina, abogado chileno y Director General del Consejo para la Transparencia el que informó. Sus argumentos fueron demoledores y dejaron desnuda a la Universidad de Chile.

En un escrito de 34 páginas David Ibaceta Medina le dio una revolcada a los «eruditos». Citaré solo algunos de sus argumentos:

1. La Carta Fundamental no establece que sólo los actos administrativos formales o terminales sean objeto del derecho de acceso a la información, ni que únicamente los procedimientos administrativos formales, sean susceptibles de derecho de acceso a la información, pues no establece un catálogo taxativo de información pública.
2. La norma general consagrada en la Constitución apunta a que los actos emanados de autoridades, como el Presidente de la República o el Senado son, por definición, públicos. En todo caso, la ley puede declarar que alguna materia sea secreta si así lo dispone la Carta Fundamental. Sin embargo, el principio general es el de la publicidad.
3. Se debe considerar que los registros requeridos, se refieren específicamente al cumplimiento de funciones públicas por parte de funcionarios públicos, a quien por expreso mandato constitucional se le exige una conducta recta y proba. Con el fin de verificar que su actuación cumpla con esos parámetros necesariamente se requiere control eficaz, lo cual presupone a su vez, publicidad de sus actuaciones. 
4. En consecuencia S.S. Iltma., los correos electrónicos que se ha dispuesto sean entregados, son:
   

   a) documentos generados en formato electrónico;

   b) dicen relación con el ejercicio de funciones públicas que desempeñaron sus emisores; c) se encuentran en poder del órgano público requerido;

   d) han sido elaborados con presupuesto público, en el marco del ejercicio de funciones que tiene el mismo carácter

   Se viene un nuevo ridículo

Según fuentes que he consultado y que han declarado bajo condición de anonimato, la Universidad de Chile está redactando un nuevo Recuso de Apelación o «Contencioso – Administrativo», esta vez para no entregar la Resolución dictada por la Superintendencia de Educación Superior sobre el proceso sancionatorio por violar el artículo 20 del Reglamento de Revalidación.

El Consejo para la Transparencia les ordenó entregar la Resolución pero se resisten, piensan que un simple texto les hará caer más bajo sin darse cuenta que ya tocaron fondo. Cada día que pasa se horada el piso de esta añeja casa de estudios que en vez de modernizarse y ser más inclusiva se ha convertido en algo raro, algo así como «la mujer barbuda».

Les dejo con el Informe que rindió el Consejo para la Transparencia ante la Corte de Apelaciones De Santiago.