Universidad de Chile se opone a publicación de la Resolución que ordena abrir proceso sancionatorio

Como les comenté hace algunos días la Universidad de Chile enfrenta el primer proceso sancionatorio desde la creación de la Superintendencia de Educación Superior. Y hablo de un proceso sancionatorio SERIO, que puede traer aparejado sanciones por haber violado el artículo 20 del Reglamento de Revalidación de títulos obtenidos en el extranjero.

Hace una semana solicité por Transparencia a la Superintendencia de Educación Superior, la Resolución Exenta 49, de 23 de enero de 2025. En esta Resolución se oficializa el comienzo del proceso sancionatorio y se da a conocer quién será el fiscalizador a cargo del mismo.

La Universidad de Chile se opone a que el documento se haga público

En un oficio firmado por la Rectora Rosa Devés, la misma que validó la violación de los derechos de varios revalidantes que solicitaron su Reingreso en el año 2024, ahora no quiere que el público se entere del inicio de un proceso sancionatorio, alegando que esto afectaría su derecho a la defensa.

Tengo varias preguntas: ¿cuándo le importó a ella que el profesional extranjero víctima de la persecución del Decano Pablo Ruiz Tagle y de la mirada cómplice de la Prorrectora Alejandra Mizala, estuviera al borde de la muerte y bajo tratamiento psiquiátrico durante varios meses?

Cuándo mostró ella, la Rectora, una mínima dosis de arrepentimiento hacia la clara violación del artículo 20 del Reglamento de Revalidación y la imposición de una Resolución, la #239 del año 2015 que a todas luces era ILEGAL y que contradecía el texto de una norma jurídica superior.

¿Por qué, a sabiendas de que infringía la ley, violó los derechos fundamentales de los también abogados David Mujica e Indira Abreu Romero?

A partir de ahora, ¿con qué cara gente como Francisco Agüero podrá conformar Tribunales o Comisiones dedicadas a evaluar a profesionales extranjeros cuando él mismo defiende la violación de Reglamentos de la propia casa de estudios donde trabaja?

¿Después de la lapidaria conclusión a que llegaron los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación Superior seguirá defendiendo la postura del Decano en la Corte de Apelaciones o renunciará a tan vergonzoso papel?

Prevaricato Administrativo

Y sigo con las preguntas:

¿Conocen todos los profesionales antes mencionados que sus acciones bien podrían caber en la figura delictiva llamada «prevaricato administrativo»?

¿Tienen siquiera una idea de la gravedad de los actos que han cometido? ¿Creen que el movimiento antimonopolio se quedará de brazos cruzados ante una nueva violación al Reglamento o ante una nueva persecución de sus miembros?

A la espera de Conclusiones

La culpabilidad del proceso sancionatorio que enfrenta hoy la Universidad de Chile recae directamente en los abogados que mal asesoraron al Decano, a la Prorrectora y a la Rectora. Ellos han convertido a sus superiores en el hazme reír de todo el gremio y de la ciudadanía que observa atenta el desenlace de toda esta historia.

Ellos han contribuido a que los «doctores» en Derecho Constitucional desconozcan las propias bases de la pirámide de Kelsen.

En el día de hoy, presenté un Recurso de Amparo ante el Consejo para la Transparencia para que revoque la decisión de la Superintendencia de Educación Superior y haga pública la Resolución del proceso sancionatorio.

Procede la entrega de la Resolución donde se le da a conocer a la Universidad de Chile la apertura del proceso sancionatorio. Carece de sentido que la «oposición» de un tercero frustre un bien mayor como lo sería la transparencia de un acto público.
Pierde todo sentido esta oposición cuando ya es pública hasta el número de la Resolución. Además la Universidad de Chile no ha argumentado cómo la entrega de una simple Resolución afectaría el derecho a la defensa de la casa de estudios.

Comparto con ustedes el Oficio firmado por la Rectora de la Universidad de Chile