🗓️ Publicado el 10/12/2024
A finales de noviembre de este año la Corte de Apelaciones de Copiapó admitió a trámite un Recurso excepcional para regularizar a dos ciudadanas venezolanas que entraron por pasos no habilitados y que llevan 3 años firmando en la PDI sin que obtengan una respuesta positiva del Servicio Nacional de Migraciones.
Me tocó llevar este caso en favor de las ciudadanas Carmen Monegro y Malena Suárez, quienes se encuentran en una situación de zozobra debido a que es casi imposible encontrar un trabajo estable si no se tiene una visa temporaria o definitiva.
La Corte de Apelaciones de Copiapó dijo SÍ
Por unanimidad los 3 magistrados Pablo Bernardo Krumm, Llilian Durán y Verónica Ximena Alvarez decidieron admitir el recurso de protección y ordenaron se pidiera el informe respectivo al Servicio Nacional de Migraciones quien ya respondió el pasado 6 de diciembre, oponiéndose a la acción constitucional.
Diego Núñez Pesenti, es el abogado que representa al Servicio Nacional de Migraciones: en su escrito mostró una gran molestia por el solo hecho de que la Corte de Apelaciones de Copiapó haya admitido el Recurso en favor de las dos venezolanas.
La importancia de este caso es que los magistrados consideraron como una arbitrariedad el hecho de que el Servicio Nacional de Migraciones mantenga en un limbo jurídico a migrantes, independientemente de que hayan entrado por pasos no habilitados.
Para la Corte el Derecho de Igualdad ante la Ley se ve perturbado por la negativa a entregar una respuesta a solicitudes de regularización o a emitir el acto de expulsión del país.
También se ha tenido en cuenta que existe la afectación del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de una persona, en especial de una que sea vulnerable, debe decirse que basta con impedirle el acceso a la salud, a sus derechos al trabajo para que se configure tal privación.
Más razones
Nadie puede vivir en una sociedad donde se le impide trabajar y ganarse dignamente su sustento. La psiquis de cualquier individuo es afectada a través de mecanismos burocráticos que bloquean cualquier intento de prosperar y mantener resueltas las necesidades básicas: como alimentarse, compra de medicamentos y otros.
Como saben mis lectores siempre me he opuesto a usar el término «ilegal», porque considero que nadie es ilegal en ningún lado.
Espero que este sea un caso de inflexión en el actuar de Migraciones en el sentido de que entiendan que no se puede tener a nadie esperando por 3, 4 y hasta 5 años sin regularizar su situación migratoria.